Victoria Novillo Saravia
- lanacion.com.ar.- Las puertas del ascensor se abren en el sexto piso, y
conducen a un laberinto de pasillos largos y gastados iluminados por la
luz blanquecina de tubos fluorescentes. Al avanzar se van viendo
puertas entreabiertas de oficinas con muebles ochentosos, algún rincón
con expedientes apilados, y finalmente, una pequeña recepción. Es la
sede central del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
La
puerta tras la recepcionista se abre, y sentado en un sillón capitoné de
pana verde está nada menos que el Benoît Battistelli, presidente de la
EPO (Oficina Europea de Patentes, por sus siglas en inglés). A sus
espaldas tiene una ventana de tres paños que a duras penas contiene el
bullicio de Paseo Colón.
Battistelli, que dirige desde julio de 2000 esta
organización de 7000 empleados y 2200 millones de euros de presupuesto,
vino a Buenos Aires para firmar un Memorandum de Entendimiento (MOU por
sus siglas en inglés) entre la EPO y el INPI, y explica la importancia
de las políticas de PI (propiedad intelectual) y su impacto en el
desarrollo de los países.
-¿Qué es la Oficina Europea de Patentes y cuál es su función?
-Es una
organización independiente compuesta por 38 países miembros. Tenemos
acuerdos especiales con otros países, con lo cual una patente otorgada
por la EPO protege una invención en un mercado de 700 millones de
personas. Nos hemos convertido en una de las oficinas más grandes del
mundo y de los 7000 empleados, 4500 son ingenieros o científicos.
Nuestra sede central está en Munich, Alemania y tenemos oficinas en los
Países Bajos, Bélgica y Austria. Nuestra tarea es otorgar patentes (no
tenemos competencia para registro de marcas o diseño) y anualmente
procesamos 170.000 solicitudes y otorgamos 96.000 patentes. La mitad de
las solicitudes provienen de países no europeos. Nuestros principales
clientes son compañías de Estados Unidos.
-La patente de una de las primeras máquinas de coser a mediados de
1800 era unas líneas y un dibujo. Hoy la ciencia ha evolucionado
logarítmicamente, y su espectro abarca áreas nuevas como inteligencia
artificial, nanotecnología o ingeniería genética. ¿Cómo afronta su
organización este desafío?
-Sí, efectivamente, es un desafío. Recibimos cada vez más
solicitudes y son cada vez más complejas. Cada una es analizada no por
uno sino por tres profesionales de diferentes áreas; encaramos esta
complejidad con una metodología multidisciplinaria.
-Usted dijo que la EPO es una organización independiente. ¿Cómo se financia?
-Exclusivamente con los aranceles de solicitud y
mantenimiento de patentes. Los aranceles son fijos sin importar el área
ni el solicitante, y se pagan progresivamente a medida que avanza el
proceso. En promedio, una patente cuesta 25.000 euros, de los cuales
5000 son para EPO y 20.000, para el abogado que redacta los documentos
de la patente.
-La mayoría de las patentes provienen de países ricos, y eso podría
significar elevar la desventaja para los países menos desarrollados,
¿tiene la EPO consideraciones sobre este tema?
-Tomando el ejemplo de los medicamentos, sabemos que la
inversión promedio que requiere encontrar una molécula nueva es de
10.000 millones de dólares. Entonces, ¿Quién invertiría semejante
cantidad de dinero si no estuviera seguro de que obtendrá un retorno
sobre la inversión, y que no le garantizarán que será el único
habilitado para explotar esta invención por un lapso de tiempo [máximo
30 años]? Si no otorgáramos esta protección nadie invertiría en
desarrollar medicamentos. Además, en la Declaración de Doha hemos
concedido excepciones, por ejemplo ante riesgo de pandemia, mediante la
figura de la licencia obligatoria, por la cual un país con riesgo
humanitario puede pactar un precio con la empresa dueña de la patente.
De hecho, en África no hay ninguna patente que impida la distribución de
medicamentos para el SIDA. Es un problema del sistema de salud global
organizarse para que lleguen los medicamentos a zonas remotas.
-Usted vino a Buenos Aires para firmar el MOU con el INPI, ¿en qué consiste el acuerdo?
-Estoy aquí con un propósito más amplio. Por muchas
razones yo diría que la Argentina no ha desarrollado sus capacidades de
IP en comparación con otros países latinoamericanos, como México,
Brasil, y hasta países más pequeños como Colombia y Chile. El número de
patentes y solicitudes es muy bajo y creo que está muy por debajo del
potencial de una economía como la argentina. Con este gobierno y esta
nueva orientación en materia de política económica, claramente el tema
se convirtió en una prioridad. Por eso, consideramos que el país está de
vuelta en lo que respecta a IP. Y estamos dispuestos a ayudarlo a
desarrollar su capacidad en este campo, a ayudar en la actualización y
modernización de su organización con el objeto de incentivar y
desarrollar la innovación. Venimos trabajando en un acuerdo de
cooperación que contempla desde entrenamiento de examinadores de
patentes hasta apoyo técnico para establecer nuevas reglas, lineamientos
y marco regulatorio. El acuerdo permitirá que el INPI utilice e
implemente aplicaciones y herramientas desarrolladas por nosotros.
Conversamos desde hace un año, y el memorándum refleja el acuerdo
alcanzado en un punto técnico en particular: el sistema de clasificación
de documentos. En la EPO desarrollamos un esquema de clasificación que
se convirtió en el estándar mundial. Es utilizado en más de 40 países.
El de ahora es solo un paso, esperamos también firmar un segundo
acuerdo a fines de este año que en la EPO se conoce como
Enhanced Cooperation Program (un programa para una cooperación reforzada) entre ambas organizacines.
-¿Cómo ve la situación actual de la Argentina?
-La Argentina está implementando reformas dirigidas a
convertirse en una economía más amigable para los negocios. Creo que
esta es la dirección correcta, que estos cambios serán muy positivos y
que atraerán más inversión extranjera. Las nuevas políticas en IP serán
claves ya que los inversores le asignan una alta prioridad a la
capacidad de un país para proteger la propiedad intelectual a la hora de
tomar decisiones. Además, la Argentina está trabajando para ser miembro
de la OCDE, y unirse a la OCDE implica firmar acuerdos de IP como el
Tratado de Madrid sobre registro de marcas y el de La Haya, sobre
registro de diseño. Por eso, estaríamos dispuestos a concederle a la
Argentina el mismo privilegio de cooperación que le hemos otorgado a
otros países como China y México.
