Colectivo para la soberanía alimentaria de la Comarca Andina del Paralelo 42
El proyecto de modificación de la Ley Nacional de Semillas que
recientemente logró estado parlamentario, busca aumentar las ganancias,
facilitar y agilizar los agronegocios para los grandes grupos
económicos, cerealeras, semilleras y transnacionales de los transgénicos
y agrotóxicos. Al mismo tiempo prevee un control policial de los
productores, sus productos y sus cosechas y, a su vez, limitar y
criminalizar la protesta social en contra del modelo del agronegocio
transgénico.
Durante el mes pasado el gobierno nacional de Macri presentó, con la
firma del ministro Buryaile, la propuesta de modificación de la ley de
semillas 20.247. Con esta nueva ley el actual INASE (Instituto Nacional
de Semillas), pasará a ser un organismo con poder policial (similar al
SENASA) con el objeto de controlar todas las plantas del país y sus
semillas. Esto le permitirá un acceso liberado a cualquier campo, o
producto de la cosecha, producto elaborado o cultivo del país en
cualquier momento, para controlar si el productor pagó efectivamente por
los derechos de uso de su material genético. Ahora, según la
modificación propuesta incluirá la propiedad intelectual, tanto sea de
un evento transgénico como de una variedad no transgénica desarrollada
por métodos tradicionales de fitomejoramiento. Si un productor
agropecuario no cumple con la ley sembrando semilla guardada del año
anterior, el INASE exigirá los derechos de uso de ese material genético,
denominándose a las regalías de los mismos como “propiedad
intelectual”. Así, solo mediante la firma de un funcionario del INASE,
el estado podrá entrar sin orden judicial a los campos para verificar si
los productores y campesinos están en regla. Los pagos de derechos de
propiedad intelectual invocados son por las semillas o por las plantas
utilizadas en los cultivos que fueran originados por las semillas (u
otras formas de propagación) que estarían, virtualmente, “patentadas”.
El INASE podrá poner multas millonarias y, mediante las fuerzas de
seguridad (gendarmería, ejército, fuerzas policiales tanto federales
como provinciales), podrá decomisar las semillas y/o destruir las
plantas, incautar cosechas y hasta clausurar los campos. Esta reforma de
la ley se acerca mucho a las exigencias de los tratados de libre
comercio que, por ejemplo, suscribió Colombia con EEUU lo que, luego de
los decomisos de semillas a campesinos, provocó en 2013 un paro nacional
agrario histórico en ese país.
Asimismo, sería posible que los “pulpos obtentores” como
Bayer-Monsanto, Syngenta o Pioneer obtengan plantas o semillas de
cualquier tipo, tanto sean nativas, criollas o incluso ya liberadas de
variedades antiguas que hoy no presentan derechos de propiedad
intelectual. Ese material genético podría modificarse y así volver a
registrarse lo que en los hechos sería un “patentamiento encubierto” de
la biodiversidad, tanto agrícola como biológica.
En la nueva ley, el derecho de propiedad intelectual y sus beneficios
económicos no deja de tener vigencia si un usuario regala o entrega,
bajo cualquier concepto, semillas “patentadas”, o sea, con cualquier
derecho de propiedad intelectual incluido (eventos transgénicos o
variedades registradas). El realizar una donación o cualquier
transacción entre agricultores, práctica recurrente entre los pequeños
chacareros, no impide el cobro de estos derechos por parte de los
obtentores (dueños de la propiedad intelectual o de la patente de los
transgénicos).
De lo anterior se desprende entonces que, del total del precio de la
semilla, una parte importante es derechos de propiedad intelectual tanto
derechos de obtentor como derechos de patente de los transgenes. Este
precio debe figurar discriminado en el comprobante de venta o en la
etiqueta de la bolsa de manera que si el productor-comprador reserva
semilla de su propia cosecha manteniendo la superficie sembrada, debe
pagar este costo por tres años. Si, luego de la primera cosecha, obtiene
para uso propio una cantidad mayor de semillas que le permitiría
sembrar más hectáreas de las que le corresponderían a las semillas que
originalmente compró, deberá pagar indefinidamente ese costo (derechos
de obtentor y derechos de patente por portación de transgenes).
Quedarían exceptuados, según se entiende, los pueblos originarios y
Agricultores Familiares registrados en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar. Los pequeños productores quedan exceptuados si su
facturación es menor a 3 facturaciones anuales máximas de monotributo de
máxima categoría. Esto deja las puertas abiertas a que, por una simple
resolución de la AFIP, se eliminen las categorías más altas de
monotributo, o se impida la actividad agropecuaria a las categorías más
altas, lo cual podría incluir en la obligación de pago a la totalidad de
los agricultores.
Sin embargo, la amenaza más importante para el agronegocio
transgénico capitalista parecen ser las campañas de denuncia permanente
de las organizaciones políticas, de pueblos originarios, ambientalistas y
campesinas. Es evidente que, para combatir la conflictividad social, el
gobierno de las multinacionales no tiene más propuestas que más
represión ya que (según el nuevo artículo 39) “quien ejerza publicidad,
propaganda o insinuaciones en contra de características reales o
supuestas de las semillas” (por ejemplo la inestabilidad y peligros de
incorporación de de los eventos transgénicos a nuestro ADN, o los
riesgos para la salud del agronegocio) podrá ser penalizado por el INASE
con una multa de hasta 1.000.000 de unidades de sanción ($1 = 1 URS) a
pagar sin juicio intermedio. También puede haber decomisos, clausuras y
un largo etc. de sanciones.
De esta manera, luego de disfrutar de más de dos décadas de grandes e
ininterrumpidos negocios, la voracidad de la ganancia del capital
concentrado parece no tener límites. Mientras en varias partes del mundo
se prohíbe el cultivo de transgénicos, en el país de Macri se abre aún
más la puerta a la acumulación capitalista, con un modelo agrícola de
más exclusión campesina, fumigación, cáncer, enfermedades y muerte que
se pretende hacer, paradójicamente, patentando la vida. Las
organizaciones de la multisectorial lucharemos abiertamente contra este
robo a nuestra biodiversidad.
* El Colectivo para la soberanía alimentaria de la Comarca Andina del
Paralelo 42 forma parte de la Multisectorial contra la ley Monsanto de
semillas.
