lunes, 15 de junio de 2015

Paraguay: Sindicato de la oficina de propiedad intelectual denuncia irregularidades y presuntos despilfarros

 
 Patricia Stanley, directora de la DINAPI

El Sindicato de Funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) denunció a la titular de la entidad, Patricia Stanley, por supuestos despilfarros, entre otras irregularidades, a través de exorbitantes viáticos a funcionarios de su entorno para un viaje a Chile todo pago por la OMPI, así como altas remuneraciones salariales a su círculo. 


En una nota remitida al jefe del Gabinete Civil de la República, Juan Carlos López Moreira, el 4 del corriente, el sindicato denuncia que la Abog. Patricia Stanley, con sus actos “burla la confianza del Presidente de la República, al presentarse con una imagen ante el público, pero internamente la entidad “es un caos administrativo”, que genera la queja generalizada de profesionales y usuarios, que a diario se ven perjudicados, tanto en maltratos y por desconocimientos de funciones administrativas por parte de la entidad.
En ese sentido, la organización sindical denuncia supuestas “concesiones graciosas” de viáticos, por ejemplo, para un curso de verano, llevado a cabo entre el 18 y el 30 de enero pasado, organizado por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile, en coordinación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con pasajes y estadía, todo pagado.
El sindicato hace notar que, sin embargo, en la planilla de febrero pasado figuran los nombres de los funcionarios que acudieron al curso y que cobraron paralelamente un viático de G. 23.500.000 cada uno.
Asevera que “esto es malgastar el dinero público”, y le solicita su intervención e investigación sobre el supuesto mal ejercicio de funciones públicas y corrupción.

“Gran injusticia” salarial
En este mismo contexto, el sindicato denunció lo que denomina una “gran injusticia salarial”, teniendo en cuenta los exorbitantes salarios que percibe un reducido número de “funcionarios privilegiados”, y que casualmente son del entorno de la directora de Dinapi.
La propia Stanley percibe un salario de G. 26.386.940. Otro caso es el que se relaciona con la coordinadora de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Mesmina Emilia Jiménez, comisionada de Petropar y con también numerosos cuestionamientos en varias administraciones de la petrolera estatal, quien “oficialmente” gana G. 12.270.421, pero la cifra “real” de sus ingresos en la entidad ascendería a G. 17.733.650, según la denuncia. Situaciones similares se darían con el del funcionario Mario César Vargas, quien ganaría G. 17.537.571, como también Teresa Rolón Chávez, con G. 16.471.371 de salario “real”.
La lista también incluye a Mónica Hume Ortiz, con un salario “real” de G. 16.637.000, Rodrigo Irazusta Zaracho, que gana un total de G. 10.046.850, Willian Anthony Feltes Casola, con G. 11.777.760, Lourdes Raquel Drews, con 9.166.767, Ángel Peralta Heisecke, con G. 14.853.300, Héctor Manuel Balmaceda Godoy con G. 18.732.728, entre otros, todos ellos con cargos de directores.
El sindicato señala que, sin embargo, se trata de ingresos de privilegio que más del 90% del funcionariado de la entidad no posee, pese a tener una vasta experiencia y realizan a diario “el grueso del trabajo”.
El gremio considera que esta situación representa una “gran injusticia salarial”, puesto que la mayoría, pese a prestar servicios de alta calificación, perciben salarios que oscilan entre G. 2.000.000 y G. 3.500.000.

 
 Coordinadora de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Mesmina Emilia Jiménez

“Se ajusta a las normas”
En cuanto a los viáticos, el Abog. Rodrigo Irazusta, director de Promoción de Industrias Creativas de Dinapi, y uno de los tres participantes del curso de verano de la OMPI que es cuestionado por los sindicalistas, afirmó que los G. 23.500.000 de viático fue concedido conforme al decreto que reglamenta la ley de presupuesto, que establece montos y rango. El evento duró 15 días, según recalcó.
Por otro lado, afirmó igualmente que la OMPI no otorgó a ninguno de los viajeros viático o complemento o lo que se parezca. “Es más, la OMPI nos cobró la suma de US$ 350 para inscribirnos al curso”, aseguró.
El Sindicato de Funcionarios de la Dirección nacional de Propiedad Intelectual también presentó en mayo pasado a la Secretaría de la Función Pública otras varias denuncias en la misma entidad, esta vez sobre nombramientos por contratos sin previo concurso, violando las disposiciones legales vigentes, entre las que se encuentran la Ley de la Función Pública, y la Resolución 150/12. Además de referirse a otras irregularidades administrativas en Dinapi.

Nombramientos, sin concursos
El Sindicato de Funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) también presentó el 21 de mayo último al ministro secretario ejecutivo de la Función Pública, Humberto Peralta, una denuncia sobre nombramientos por contratos, sin previo concurso, y otras supuestas irregularidades administrativas en la Dinapi, violando así la Ley N° 1626/00 y la Resolución N° 150/12. Señala que, de acuerdo al Art. 5° de la legislación, la Secretaría de la Función Pública será la responsable de hacer cumplir lo requerido en la ley, estableciendo los mecanismos adecuados para la recepción de las denuncias de los afectados. Agrega que, conforme a este artículo legal, la secretaría también deberá pronunciarse en un plazo de 30 días respecto a la denuncia recibida, caso contrario será considerada denegada y el afectado podrá recurrir a lo contencioso administrativo, dentro del plazo de nueve días hábiles.
Manifiesta además que, de acuerdo a la ley, los contratados no son nombrados a ocupar cargos de alta gerencia sino para funciones técnicas dentro de la Dinapi, por lo que es “absolutamente irregular” el procedimiento. Refiere que es hora de que se cumplan tanto las normativas preestablecidas para el efecto así como también las propias palabras del secretario de la Función Pública. El sindicato reitera al alto funcionario su “formal reclamo” para que se cumplan de una vez por todas “sus propios dictámenes” sobre anteriores denuncias y que ya no sean “simples intenciones subjetivas” para la opinión pública, ya que de esta forma se estarían apañando hechos de corrupción, al nombrarse por contrato directo a funcionarios, contrariando totalmente lo dictado y ordenado por la ley de la función pública.