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fgep.org.- Buenos Aires, 18 de mayo 2017 – La Fundación GEP formó parte el último martes de la reunión entre la Comisiones de Salud y de Comercio de la Cámara de Diputados para analizar los precios de medicamentos y “buscar una estrategia para controlarlos” en palabras de la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Salud. 


El secretario de GEP José María Di Bello expuso como parte de los oradores y presentó los últimos resultados del Observatorio de Acceso a Medicamentos de la Fundación, sobre los cuales agregó “Pagamos los precios más caros de antirretrovirales y antivirales en la región y esto se debe a la existencia de monopolios debido al otorgamiento de patentes inmerecidas”.
En efecto, el estudio presentado frente a los legisladores, funcionarios y representantes de cámaras farmacéuticas y obras sociales muestra que el 64% del dinero destinado a antirretrovirales va a empresas de capital internacional, que poseen casi la exclusividad de las patentes farmacéuticas del sector, y que tres de cada cuatro compras se hacen a empresas extranjeras (30% más que en 2015). Más impactante aún resulta el hecho de que el 70% de la inversión en estos medicamentos se hace mediante compra directa (aumento del 20% interanual): “Esto habla de cómo el estado paga con nuestro dinero la improvisación y la falta de utilización de mecanismos más adecuados y transparentes como la licitación pública”, remarcó Di Bello, añadiendo que en base a estos números “Entre el 70% y el 80% del presupuesto de la Dirección Nacional de Sida y ETS se gasta en medicamentos” y que “la participación de medicamentos comprados en dólares es tan importante que cada vez que el precio de esta moneda varía, se hace necesario variar también el presupuesto de la DNSyETS”.

En el cierre de su exposición, el secretario de GEP subrayó que “Mientras sigamos otorgando patentes inmerecidas seguirá habiendo monopolios y fijación arbitraria de precios, factores que afectan fuertemente el acceso y comprometen a los presupuestos públicos de salud”. Para finalizar, pidió a los diputados defender la política pública vigente a la que todavía puede apelarse para remediar aquella situación: las guías de patentabilidad aprobadas en 2012 y hoy cuestionadas judicialmente por la Cámara de Especialidades Medicinales (CaEME), que agrupa a las multinacionales farmacéuticas en nuestro país –invitada pero sin representantes en la reunión- y poner especial atención sobre las últimas medidas del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI). El INPI, organismo encargado de aprobar las patentes en el país, acaba de firmar un cuestionado acuerdo con su par estadounidense y otro similar con la Oficina Europea de Patentes, ambos derogando de hecho la ley argentina y omitiendo su aprobación por el Congreso.

Además de la ausencia de CaEME tampoco fueron parte de la reunión representantes de la Secretaría de Comercio, que declinaron la invitación aduciendo que “El precio de los medicamentos no es ámbito de nuestra competencia” de acuerdo a la diputada Gaillard. Sin embargo, como mencionó el ex-Ministro de Salud Ginés González García durante su exposición “El Estado que no regula, regala, y como las patentes farmacéuticas significan hoy un negocio monstruoso el Estado debe intervenir para defender el derecho a la salud”. Otros expositores como el ex-Viceministro de Salud Federico Kaski y la diputada Gaillard también se expresaron en la misma dirección y resaltaron la mención del secretario de GEP para defender las guías de patentabilidad, coincidiendo en que el medicamento es un bien social y no una mercancía.